La mitad de las pymes y autónomos reconoce verse superados por los trámites de su sector

Una de cada dos compañías del segmento pymes y autónomos afirma desconocer la normativa vigente y se muestra preocupada por los problemas que esto puede conllevar en su actividad diaria. Este sector, en España, representa el 99% de las empresas y el 62% del Valor Agregado Bruto (VAB).

El impago de facturas, la gestión del día a día, los posibles conflictos con empleados, el desconocimiento de las empresas sobre las consecuencias económicas y los gastos jurídicos que podría acarrear tener un problema legal, son algunas de las preocupaciones que hacen que el 80% de pymes y autónomos consideren que necesitan más formación y conocimientos acerca de la actualidad burocrático-legal de su sector de negocio.

A principios de junio de este año, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), ya alertó sobre el mal momento que están atravesando las pymes en España, exponiendo que se encuentran en la situación más compleja vivida por el tejido empresarial desde 2014. El indicador de este año las sitúa en los 5,4 puntos sobre 10, el mismo nivel que tenía hace diez años.

Un estudio de DAS ahonda en la cuestión y revela que más de la mitad de las pymes y autónomos encuestados se muestran preocupados ante este contexto, ya que trae consigo, además de otras incidencias y problemas, un incremento de los impagos, lo que les hace temer por las facturas que van a emitir. Asimismo, no es de extrañar, porque el 60% asegura haber tenido que reclamar el pago de alguna de ellas en el último año. Además, cerca del 80% afirman haberlo hecho internamente, sin externalizar este servicio, con el gasto en recursos que ello conlleva y sin contar con especialización jurídica.

De hecho, más del 60% de las pymes y autónomos afirman que convivir con esta incertidumbre ya es una característica habitual de su actividad y más del 65% de los encuestados reconoce no tener externalizado un servicio de protección legal, lo que termina acarreando grandes tensiones al desconocer la legislación que afecta a su negocio.

Además, el 75% de las compañías encuestadas reconocen que les resulta complejo informarse sobre las ayudas a las que puede optar su negocio, y de éstas, más de la mitad creen que podrían optar a más subvenciones de disponer de más recursos o tiempo. Y es que cada año en España se convocan de media unas 18.000 ayudas cuyo volumen asciende hasta los 30.000 millones de euros. Sin embargo, se calcula que entre 1.000 y 3.000 millones de euros de estas ayudas quedan vacantes al no haber aplicantes.

Con todos estos datos encima de la mesa se pone de manifiesto, más que nunca, la necesidad de una cobertura eficaz de estos riesgos y oportunidades, más si cabe en un contexto cada vez más globalizado y en constante cambio, que expone a estas empresas a más incertidumbre y riesgos jurídicos.

Los seguros de protección jurídica enfocados a pymes y autónomos representan una solución para cubrir los servicios de defensa y aprovechamiento legal, dadas sus amplias coberturas, poniendo a disposición del cliente un equipo de abogados para asesorar desde el primer día, reclamar por los intereses de su empresa ante terceros y resolver sus conflictos legales. La póliza debe cubrir, también, los gastos de: abogados, tasas judiciales, procuradores, gastos de peritaje, costas procesales, etc.

En FFACT, en el apartado TO THE EXCELLENCE encontrará un interesante cuestionario de 40 preguntas sobre “lo jurídico” que le ayudará a reflexionar sobre este importante tema.

Feliz semana a tod@s.